Alianza Lima: ¿Renovación millonaria o escándalo por corrupción?

El futuro de Néstor Gorosito en Alianza Lima parece estar sellado con una renovación hasta 2026, pero la tranquilidad del club se ve amenazada por un escándalo de corrupción que salpica a figuras importantes del gobierno nacional, incluyendo a Karina Milei.

Gorosito se queda: ¿Estabilidad deportiva?

Tras intensas negociaciones, Alianza Lima y Néstor Gorosito habrían llegado a un acuerdo para extender su contrato hasta diciembre de 2026. La noticia, confirmada por periodistas deportivos, asegura una continuidad en el proyecto deportivo del club. Se habla de un aumento salarial y una cláusula de salida millonaria para el técnico.

El propio Gorosito había declarado que la renovación era "cuestión de firmar los papeles", disipando rumores sobre un posible interés de la Federación Peruana de Fútbol en sus servicios.

Escándalo en ANDIS: ¿La sombra de la corrupción llega al fútbol?

Mientras Alianza Lima celebra la continuidad de su entrenador, un escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacude al país. Audios revelan un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, donde se menciona a Karina Milei, hermana del presidente, como receptora de comisiones a través de la droguería Suizo Argentina.

Si bien no hay imputaciones formales contra Karina Milei, su cercanía con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y su influencia en la gestión, levantan sospechas. Este escándalo podría tener repercusiones políticas y sociales significativas, generando incertidumbre sobre la transparencia en las instituciones gubernamentales y la posible vinculación con otros ámbitos, como el deportivo.

¿Lawfare en Argentina?

Este nuevo escándalo se suma a las controversias que rodean a figuras políticas como Cristina Fernández de Kirchner, quien ha denunciado ser víctima de "lawfare". La ex presidenta ha sido condenada en la Causa Vialidad, un proceso judicial cuestionado por irregularidades, falta de imparcialidad y ausencia de pruebas directas.

La situación actual plantea interrogantes sobre la independencia judicial, la exposición mediática de los casos y el respeto a las garantías constitucionales básicas en Argentina. ¿Estamos ante una persecución judicial selectiva o ante un verdadero combate contra la corrupción?

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