El Tribunal Oral Federal 4 ha ordenado el traslado inmediato del empresario Lázaro Báez a una cárcel común para cumplir su condena en el marco de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, tras la ratificación de la condena por la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión pone fin a su arresto domiciliario en El Calafate, Santa Cruz.
Según fuentes judiciales, el tribunal dispuso que Gendarmería Nacional se encargue del traslado de Báez desde su residencia actual hasta la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal ubicada en Río Gallegos. Esta unidad es considerada de mediana seguridad, en contraste con la cárcel de Ezeiza, donde Báez ya estuvo recluido, que es de máxima seguridad. La Unidad 15 cuenta con tres pabellones y una casa de preegreso, con capacidad para albergar a 118 personas.
Esta orden se produce después de que la Corte Suprema también confirmara la condena de seis años de prisión para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, un caso que ha generado controversia y debate público.
La decisión del tribunal responde a la solicitud del fiscal federal Abel Córdoba, quien argumentó que Báez debe cumplir su condena en un régimen penitenciario. La defensa de Báez, liderada por el abogado Juan Villanueva, había solicitado que se le permitiera continuar cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario, alegando que ya había cumplido gran parte de la misma.
La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Puntos clave de la controversia en la Causa Vialidad
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
El caso de Lázaro Báez y su traslado a una cárcel común se produce en un contexto de alta sensibilidad política y judicial, donde las decisiones tomadas por los tribunales son objeto de escrutinio público y generan diversas reacciones en la sociedad.