Lázaro Báez, empresario ligado a la obra pública durante el gobierno kirchnerista, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Federal U15 de Río Gallegos para cumplir su condena por lavado de dinero. La orden fue emitida por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a diez años de prisión en la causa conocida como "Ruta del Dinero K".
El juez Néstor Costabel, presidente del TOF 4, dispuso la "inmediata detención" de Báez, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de El Calafate. Personal de Gendarmería Nacional concretó el traslado a la cárcel federal. Según los cálculos oficiales, a Báez le restan más de seis años de prisión para cumplir con la condena impuesta.
Báez había sido detenido inicialmente en abril de 2016 y luego liberado en diciembre de 2019. La Secretaría de Cómputos determinó que ya cumplió 3 años, 8 meses y 8 días de prisión en la causa. El traslado a una cárcel común se produjo después de que la Corte Suprema ratificara la condena por lavado de dinero agravado.
Además de la condena en la causa "Ruta del Dinero K", la Corte Suprema también confirmó una condena de seis años de prisión para Báez en la Causa Vialidad. Este caso también involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena ha generado controversia y debates sobre la independencia judicial y el debido proceso.
El Caso Vialidad y las Críticas
La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
En lo que respecta a Lázaro Báez, la justicia deberá garantizar un trato justo y acorde a las leyes vigentes durante el cumplimiento de su condena.