Lázaro Báez, el empresario de 69 años vinculado a la causa Vialidad, fue trasladado a una cárcel común en Río Gallegos, Santa Cruz. El traslado se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena de 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K".
Según fuentes, Báez ingresó a la Unidad 15 alrededor de las 19:00 del miércoles. El operativo de traslado se realizó con discreción, utilizando un acceso secundario y con la custodia de dos camionetas de Gendarmería Nacional y siete uniformados.
Fin del Arresto Domiciliario
El juez federal Norberto Guillermo Costabel ordenó el traslado, acatando el pedido del fiscal Abel Córdoba. Esta decisión fue respaldada por los jueces Ricardo Basílico y Fernando Canero, integrantes del Tribunal Oral Federal N°4, encargado de la ejecución de la sentencia.
Báez había estado cumpliendo arresto domiciliario durante casi un año en una lujosa residencia de dos plantas en El Calafate. La propiedad, con vistas al Lago Argentino, contaba con seguridad privada y rejas perimetrales. Sin embargo, el rechazo de sus recursos por parte de la Corte Suprema determinó su regreso a prisión.
Implicaciones de la Causa Vialidad
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
Próximos Pasos Legales
Se espera que la defensa de Lázaro Báez continúe presentando recursos legales para impugnar la condena. El caso ha generado un intenso debate público sobre la independencia judicial y la politización de la justicia en Argentina.