Tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad por la Corte Suprema, el empresario Lázaro Báez fue trasladado a una cárcel común en Río Gallegos. El Tribunal Oral Federal 4 ordenó el traslado inmediato del dueño de "Austral Construcciones" para cumplir su condena por lavado de activos. Báez, de 69 años, se encontraba bajo arresto domiciliario en una lujosa residencia en El Calafate, Santa Cruz, desde hacía casi un año.
El Traslado y la Resolución Judicial
El traslado se realizó con discreción, utilizando un acceso secundario en la calle Misiones. Dos camionetas de Gendarmería Nacional escoltaron a Báez a la Unidad 15 de Río Gallegos, con un total de siete uniformados involucrados en la operación. El juez federal Norberto Guillermo Costabel había ordenado el regreso a prisión de Báez para cumplir los 10 años de condena dictados en la causa conocida como "la ruta del dinero K".
La decisión judicial, que responde a un pedido del fiscal Abel Córdoba, también fue firmada por los jueces Ricardo Basílico y Fernando Canero, miembros del Tribunal Oral Federal N°4, responsable de la ejecución de la sentencia.
Contexto de la Causa Vialidad
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
La lujosa casona de El Calafate, donde Báez cumplía arresto domiciliario, cuenta con un diseño moderno, rejas de seguridad, caseta de vigilancia y vistas al Lago Argentino. Sin embargo, tras el rechazo de todos sus recursos por la Corte Suprema de Justicia, la intervención del fiscal Córdoba fue determinante para ordenar su traslado a una cárcel común.